El gobierno de Torrejón de Ardoz (PP) ha anunciado que dejará de aplicar sus novedosos métodos de empadronamiento, considerados ilegales por la abogacía del estado. Aunque advierten que seguirán luchando contra el hacinamiento en las viviendas. Esperemos que esto no sea a base de entorpecer el proceso administrativo como se hacía hasta ahora: como exigir que sea el dueño el que tenga que ir a empadronar, exigir papeles de improbable alcance, y un largo etc. que puede poner las cosas tan complicadas como la propia norma tumbada.
Estoy convencido de que en su próximo editorial propagandístico se centrará en el tema. Recordarán que ellos no son xenófobos. Que Zapatero no hace nada contra los ilegales y carga el problema en los municipios, que PSOE e IU no hicieron nada por los españoles ni por los sin papeles y que sólo ellos se preocupan por el españolito pata negra y por el africano.Además tienen capacidad de hacer daño porque mueven mucho dinero en publicidad y curiosamente ocupan casi todo el espacio de los medios locales –ya saben que la prensa local no es prensa, ni siquiera ideologizada, es otra cosa-
Así que a la izquierda torrejonera no le queda otra cosa que coger la delantera. Primero para demostrar que se pueden defender derechos y deberes a la vez –de hecho es la única forma de conseguir los dos- y segundo para seguir denunciando cualquier campaña en la que equiparen inmigración con la caja de pandora.
Yo lo intentaría, diría y propondría así:
Una opción política democrática y más una institución pública, tiene la obligación de ser estricta con la ley, con los derechos y con todas las normas aprobadas que organizan nuestra vida en común. Esa visión estricta va desde guardar la Constitución, aplicar la ley de extranjería, respetar la autonomía municipal y conservar los derechos humanos. Cuantas menos excepciones hagamos en menos trampas caeremos y menos problemas tendremos a la larga. No se puede decir como hacía este Ayuntamiento, que ellos resolvían un problema que la ley de extranjería y las políticas del Gobierno de España no hacían, para defender sus saltos legales. Porque entre otras cosas es absurdo reivindicar un cierto orden social saltándose ese mismo orden. ¿Qué podría decir el Ayuntamiento a un ciudadano que se saltase sus reglas? Desde luego no le podría decir que las reglas han de cumplirse porque están son producto de un estado de derecho y de una democracia asentadas en España; sino que se tendría que conformar diciendo que esas reglas van a misa porque él tiene la autoridad y la fuerza. Algo que puede hacer las delicias de los amantes de los superhéroes, pero que rascado puede tener funestas consecuencias, que cualquier ciudadano puede entender sea o no extranjero, a saber, que un gobierno que legisla arbitrariamente y en función de su fuerza o sus triquiñuelas no va a favorecer nunca el bien común sino simplemente su supervivencia, y además a cualquiera le puede tocar cualquier día ser su víctima si se cruza entre sus intereses, por más derechos que crea tener.
Así, restablecer las normas de empadronamiento no es una cuestión de extranjero sí o extranjero no, sino de legalidad. Y a partir de su cumplimiento el Ayuntamiento puede empezar a hacer política.
Por ejemplo, si el problema es el hacinamiento, el ruido y la inseguridad.
a) No se trata de inventarse una cantidad en metros cuadrados para no empadronar. Porque el hacinamiento va a seguir existiendo, ahora sin registrar. Sino al revés, de registrarlo para controlarlo.
Una posible forma sería tener catalogados todos los pisos del municipio que tengan una diversidad de ocupantes que no estén relacionados directamente. Dividir el problema por barrios, por bloques e incluso por pisos cercanos. Acercarse a recoger la opinión de los vecinos, ver si las condiciones generales se deterioran, hablar con los propios implicados, estudiar si los dueños de los pisos cumplen con la legalidad, si permiten que se realquile o no, buscar propuestas de mejora y en caso de necesidad hacer entrar la ley de mano de la policía. Más un largo etc. de operaciones diseñadas para este fin.
Lo fundamental es que el “Estado” entre en contacto con aquello que está desregulado u olvidado, con el consiguiente peligro de terminar en manos del más fuerte o del miedo. Pero para que el Estado llegue, la situación tiene que estar registrada –el padrón debe ser fiable- y tiene que estar bajo derecho.
b) Si el problema es el ruido o la inseguridad en la calle, igualmente se puede atajar sin necesidad de silenciar administrativamente nada.
Qué a las 3 a.m. hay un tumulto en un barrio haciendo una fiesta o hablando a gritos, pues se puede establecer una normativa municipal que lo prohíba. Se puede hacer una política de policía municipal que ayude con tal fin. Igual que se persigue el material pirotécnico se puede perseguir cierto tipo de concentraciones a altas horas de la madrugada sin tener que lesionar el derecho de reunión.
Qué los trayectos entre las zonas de copas o estas mismas pueden resultar algo inseguras, pues es tan fácil como dotarlo de presencia policial y de comunicación con el ciudadano. Igual que se hace con el recinto ferial donde se organizan las Fiestas. Que en un barrio se detecta cierto número de delitos. Pues lo primero que hay que hacer es ir a hablar con todos los vecinos. Convocando reuniones en un portal, por carta, lo que sea. Por lo general, los que de verdad saben cómo funcionan los bares de trapicheos y los delincuentes son los propios que lo sufren y lo ven a diario. Ellos son buenos informantes y pueden ayudar a coger al delincuente actuando. Y no hacer como hasta ahora, que se espera de ellos que denuncien y se enfrenten a solas al tribunal y al delincuente.
La cuestión es imaginar soluciones –quienes mejor lo pueden hacer son siempre quienes las sufren y la policía- y sobre todo ir a la raíz de los problemas: que es introducir el estado con sus normas y derechos allí donde manda la desidia o el más violento. Algo que es perfectamente compatible con la izquierda y que pone en apuros cierta demagogia de la derecha torrejonera.
Está claro que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y más claro aún que la indiferencia o querer vivir siempre en aguas templadas no resuelven los problemas, sino que los acrecienta.
Pero las palabras no son ni el sonido ni la grafía que señalan un objeto concreto o su verdad. Ya saben, forman parte de un sistema de significados, formas, prácticas, etc. Las palabras no son señales sino puntos en universos de sentidos. Que no es que vivan por su cuenta, pero tampoco tienen una correspondencia exacta con la realidad. Por eso el lenguaje natural se presta más a las confusiones y a los conflictos que a la ciencia, que tuvo que buscar su gloria en los lenguajes formales y en expulsar a los filósofos -que tantas palabras usaban- de su reino.
Cuando se critican las prácticas del empadronamiento en Torrejón de Ardoz, no me gusta utilizar demasiado la palabra xenofobia. Y no porque no cumpla con sus características, sino porque utilizarla también implica cosas. Xenofobia también sería una expulsión indiscriminada de todo lo que sea extranjero. Detenciones. Humillaciones institucionalizadas. Persecución social. Violencia. Usarla en exceso sin que los ciudadanos estén dentro del debate ni vean los casos reales y sus implicaciones a largo plazo, puede tener un efecto perverso, a saber, que la xenofobia no parezca tan mala. Que cualquiera acepte ser un racista. Qué bien, no lo va a ir a decir a la tele ni a publicarlo en su facebook, pero que le va a parecer un criterio perfectamente válido para dar su voto.
Lo de Torrejón es una cuestión que no se describe con una única palabra y menos es algo que se arregle con ella. Ni la solución es la palabra xenofobia -para quienes criticamos al ayuntamiento- ni la solución es la palabra inmigración para quienes creen que esta es el origen de todos los males.
Antes decíamos que no había que tener miedo a los tabús, y ahora decimos que tampoco hay que quedarse en los eslóganes hechos con las palabras prohibidas. Ni hay que ser víctimas de lo políticamente correcto, ni presas del lenguaje más reactivo. Nos queda tiempo y mucho para salir de la crisis del paro y ahora más que nunca toca hablar de convivencia. Porque cuando hay escasez -y mal repartida- es cuando más se puede deteriorar.
Lo explica muy bien él mismo -y el buen equipo que lo recoge-
Cuando una sociedad tiene diferencias internas tiene dos extremos, los que apuestan por reducir la diferencia a la unidad o los que fracturan la sociedad. Los dos parten del mismo error: pretender que una sociedad sólo se puede articular a partir de un significado homogéneo y muy muy muy claro de lo implicado a la hora de comportarse y pensar dentro de un colectivo. Algo así como que para entendernos todos tenemos que pensar prácticamente lo mismo.
La derecha, el nacionalismo, el multiculturalismo de las castas intocables, esa izquierda comunista y el provincianismo o municipalismo más apolillado vienen de esta necesidad de homogeneizar cualquier diferencia con un programa activo para ello -Sí, los multiculturalistas también, dentro de su propio grupo cualquier diferencia se considera una invasión del exterior; por no decir de aquellos que reducen el universo a los límites que marcan las tarifas de los taxis-
Es verdad que estas posturas también saben vivir democráticamente y Europa es un ejemplo. Nacionalistas que apoyan la marcha de la economía de un estado, partidos comunistas que llegan a apoyar gobiernos, multiculturalistas que defienden los derechos políticos de los individuos de grupos marginados, municipalismo en la brecha de los servicios, etc.
Pero también tienen su extremo. Nacionalismos que intentan imponer su idea de nación y sociedad a través de guerras o del terrorismo, a través de una educación uniformada en un sólo color, a través de la religión ensalzada por el gobierno, etc.
Extremo que tiene que desarmarse a través de las ideas y la actividad política infatigable e perenne. Y Patxi López lo ha visto perfectamente. Son ellos los socialistas democráticos, los que sufren las persecuciones desde hace años como otros muchos vascos, los que han sufrido esa eliminación de la diferencia por la fuerza. Son ellos los que han visto que frente a eso no hay que luchar por otra identidad a imponer o a confrontar. Y menos a proponer como algo aislado que tiene que compartir una calle: una acera para ti y otra para mí y nada de cruzar para convivir y prosperar. Son ellos los que han entendido que la sociedad vasca necesita de respeto de las diferencias pero también de acercamientos entre ellas a través de pactos y consensos. Paso a paso, pero decididamente.
Mientras tanto el PP, con Aguirre a la cabeza, entiende que esto no es una cuestión de consensos, sino de demostrar quien puede sacar pecho en el país vasco, si uno que quiere sacar la bandera vasca u otro que quiere sacar la bandera española. Y que para eso primero tiene que acusar injustificadamente y con total deslealtad a la lucha antiterrorista, a los socialistas de volver a pensar en negociar con ETA. Para que luego ellos defiendan la identidad que más vale.
Una vez más esa derecha demuestra que de liberal no tiene nada. Que la pluralidad que el liberalismo político reclama nada tiene que ver con el disfraz que se ponen de él nuestros apolillados neocoms [ pronúncienlo con tono Aznar]. Que ellos son identidad y nada más que identidad. Es verdad que ellos son democráticos y no practican la violencia. Pero no es eso lo que necesita el País Vasco ahora como faro a seguir. Necesita coser un mapa en paz, una serie de pactos sociales por la convivencia, un respeto a la libertad escrupuloso y un respaldo de ese programa por una mayoría plural. Desde luego Patxi López nos lo ha explicado muy bien.
PS: Dícese de grupo de socialistas ambulantes. Sin fronteras que valgan :-)
